Hechos clave:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó este jueves la actualización de su guía para regular a los proveedores de servicios con criptomonedas y activos virtuales en el mundo.

Entre las diversas recomendaciones que publicaron en la guía, planean regular e incluso disminuir las transacciones peer-to-peer (P2P), mediante las cuales, según ellos, se cometen muchos de los delitos relacionados al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Según especifican, los países pueden considerar e implementar «opciones apropiadas» para mitigar los riesgos de delitos a nivel nacional.

¿Cuáles son? Entre las varias existentes, destacan los controles que faciliten la visibilidad de la actividad P2P, así como el cruce de la actividad de los activos virtuales «entre entidades obligadas y entidades no obligadas», como exchanges, monederos de custodia y otros productos intrínsecos del ecosistema.

Añaden que tales controles pueden incluir equivalentes a informes de transacciones monetarias (como un estado de cuenta bancario) o hasta una regla de mantenimiento de registros relacionados a esas transferencias.

Otra medida recomendada por el GAFI a los países es la «supervisión mejorada continua» basada en el riesgo de los proveedores de servicios con criptomonedas y las entidades que operan en el ecosistema, «con un enfoque específico en las transacciones» que se ejecuten con monederos y otros servicios, incluyendo la supervisión del sitio «para confirmar si un operador ha cumplido con las regulaciones vigentes».

Asimismo, recomiendan obligar a los operadores a permitir transacciones solo hacia y desde direcciones «que se hayan considerado aceptables», según el enfoque basado en el riesgo.

Y, además, las autoridades pueden emitir avisos públicos y realizar campañas informativas «para crear conciencia sobre los riesgos planteados por las transacciones P2P».

Limitar operaciones anónimas con stablecoins

En el documento, de más de 100 páginas y que es la actualización del primero presentado en 2019, también hablan de las stablecoins, o monedas estables. Admiten que, ahora mismo, hay una extensa variedad de entidades que están involucradas con estos activos y que, por tanto, deberían tener un «desarrollador central o un organismo de gobierno» que los regule.

Según precisan, un órgano de gobierno, que consta de una o más personas físicas o jurídicas, puede establecer las reglas que rijan el funcionamiento de una stablecoin, así como determinar sus funcionalidades o quien puede acceder a ellas.

Para ellos, las stablecoins pueden ser más centralizadas o descentralizadas, tanto en términos de su gobernanza como en términos de quién puede acceder a ellas. Por eso, y al igual que los demás activos virtuales, «es importante que los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de las stablecoins (…) se analicen de manera continua y con visión de futuro».

Sugiere la GAFI, en torno a la mitigación de riesgos con stablecoins, que, entre las posibles medidas, está el limitar el alcance de la capacidad de los usuarios para realizar transacciones anónimamente, controlando quién puede acceder a la moneda. También, resaltan la integración a las medidas preventivas, asegurando que se cumplan las obligaciones «mediante el uso de software para monitorear transacciones y detectar actividades sospechosas», por ejemplo.

Los supervisores deben buscar que estas medidas de mitigación estén en lugar antes de otorgar el registro o licencia y de forma continua. Será más difícil mitigar los riesgos de estos productos una vez que se lanzan.

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI actualizó su informe de 2019, con la mira puesta sobre el P2P. Fuente: Twitter.

Una «evaluación de riesgos»

En tanto, el GAFI recomienda a las autoridades nacionales realizar una «evaluación de los riesgos» ligados a los activos virtuales. El estudio, precisan, debe conglomerar a todas las autoridades pertinentes «para comprender cómo funcionan los productos y servicios de activos virtuales específicos».

Los países deberían considerar la posibilidad de emprender un trabajo de políticas a corto y largo plazo para desarrollar una reglamentación y marcos de supervisión para las actividades de las criptomonedas y proveedores de servicios (así como otras entidades obligadas que operan en el ecosistema).

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Insisten en que los países también deben exigir a los proveedores de servicios y otras entidades relacionadas con el mercado emergente, que identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas «para mitigar los riesgos asociados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo».

Según la GAFI, cuando los proveedores de servicios, como exchanges o monederos digitales de custodia, operan bajo la ley de algún país, éstos deben evaluar los posibles delitos que pueden cometer, y, además, aplicar un enfoque basado en el riesgo «para garantizar que las medidas adecuadas para prevenir o mitigar esos riesgos se implementen».

Actualización de la guía

Esta publicación no es más que la actualización de la primera guía, de 2019, que buscaba precisamente regular toda la actividad de bitcoin y las criptomonedas en todo el mundo.

De acuerdo con la información de GAFI en su página web oficial, la intención de la guía es que los países evalúen y mitiguen los riesgos asociados a las actividades y proveedores financieros de activos virtuales.

Según explican, la guía «ayudará a los países y los proveedores de servicios a comprender sus obligaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y a implementar de manera efectiva los requisitos del GAFI según se apliquen a este sector».

Esta guía aborda las áreas identificadas en la Revisión de 12 meses del GAFI de los Estándares revisados ​​del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que requieren más aclaraciones y también refleja los aportes de una consulta pública en marzo-abril de 2021.

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Precisan que desde GAFI, que es un organismo regulatorio intergubernamental independiente, siguen atentos y supervisando de cerca el sector de los activos virtuales y los proveedores “para detectar cualquier cambio material que requiera una mayor revisión o aclaración de los Estándares del GAFI”.

Autoria desde Criptonoticias.com